Soslayando el hecho de que nuestro país ha dejado en el tintero por un buen tiempo una real planificación de una política energética sustentable acorde al desarrollo que reflejan los diversos índices macroeconómicos de nuestro país, no cabe sólo reducir esta discusión en avatares cortoplacistas.
El tema de la energía no sólo está en la pauta más próxima a nuestras fronteras, sino incluso amenaza las relaciones diplomáticas de países de la Unión Europea con la cierta posibilidad de generar incluso la segunda Guerra Fría, detonada por el dominio que posee Rusia sobre la producción gasífera de la cual resultan dependientes varias naciones del conglomerado de los 25.
Fue recién a comienzos de año que el gobierno de Vladimir Putin decidió elevar el precio de exportación de gas desde 50 a 230 dólares por 1000 metros cúbicos a Ucrania, desatando la alerta de sus vecinos, pues por dicho territorio discurren tres de los cinco gasoductos que abastecen a diversos países como Alemania.
Ante esto, el gobierno germano elaboró un pacto de asociación energética que garantizara el abastecimiento hasta 2030 con Gazpron, la empresa estatal gasífera que predomina en Rusia.
Con diferentes matices, hoy nuestro país enfrenta similares grados de alerta ante la evidente dependencia de recursos energéticos que nos afecta. Tras años de estudios, análisis y múltiples reuniones bilaterales el resultado no puedo ser más desalentador.
Esto, porque para dos de los países con mayores reservas energéticas en América Latina, Chile no resulta ser más que una válvula de ajuste ante la imposición de alzas en los precios de importación del gas por una parte, mientras que para la otra se transforma en el escollo que impide dotar de calidad marítima su territorio para negociar la exportación de sus recursos.
El tema de la energía no sólo está en la pauta más próxima a nuestras fronteras, sino incluso amenaza las relaciones diplomáticas de países de la Unión Europea con la cierta posibilidad de generar incluso la segunda Guerra Fría, detonada por el dominio que posee Rusia sobre la producción gasífera de la cual resultan dependientes varias naciones del conglomerado de los 25.
Fue recién a comienzos de año que el gobierno de Vladimir Putin decidió elevar el precio de exportación de gas desde 50 a 230 dólares por 1000 metros cúbicos a Ucrania, desatando la alerta de sus vecinos, pues por dicho territorio discurren tres de los cinco gasoductos que abastecen a diversos países como Alemania.
Ante esto, el gobierno germano elaboró un pacto de asociación energética que garantizara el abastecimiento hasta 2030 con Gazpron, la empresa estatal gasífera que predomina en Rusia.
Con diferentes matices, hoy nuestro país enfrenta similares grados de alerta ante la evidente dependencia de recursos energéticos que nos afecta. Tras años de estudios, análisis y múltiples reuniones bilaterales el resultado no puedo ser más desalentador.
Esto, porque para dos de los países con mayores reservas energéticas en América Latina, Chile no resulta ser más que una válvula de ajuste ante la imposición de alzas en los precios de importación del gas por una parte, mientras que para la otra se transforma en el escollo que impide dotar de calidad marítima su territorio para negociar la exportación de sus recursos.
Con todo, sólo queda esperar de parte de las autoridades nacionales, ya no sólo respuestas decorosas, sino declaraciones que muestren el grado con que nos afecta las disposiciones patentemente discriminatorias que sucumben a la nación, ya que no podemos seguir recibiendo acciones de carácter beligerante por parte de nuestros vecinos.
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